EL AUTOR es periodista. Reside en Estados Unidos.
El pasado proceso electoral dominicano estuvo matizado por una aureola de hechos violentos, sobornos y acusaciones que sobrepasaron los límites, a merced de las posibilidades centradas en los comensales de los partidos políticos, sin el control y la mediación de la Junta Central Electoral (JCE), organismo rector, encargado de mediar y aplicar los correctivos para que en resumidas cuentas no se produjeran.
Los ignorantes siempre tienen un ¿por qué? sin respuestas, por la sencilla razón de que aquellos que debieran responder a sus interrogantes se hacen los sordos y muchas veces los tontos, además de no darle importancia a los detalles que se manifiestan en el torbellino de quienes exigen con gallardía matizar planes para enfrentar los hechos provocados por dirigentes partidarios y seguidores de los partidos durante el proceso electoral.
¿Quién paga los platos rotos dejados durante la campaña electoral y las votaciones realizada el pasado 15 de mayo? Es bochornosa la secuela de muertos y heridos cosechada en el marco de las elecciones, mediante intercambio de disparos auspiciados por los seguidores de candidatos, que por no aceptar la derrota patrocinaron hechos terroristas y vandálicos en contraposición de las leyes.
La explicación de la derrota de cualquier candidato está sustentada en los errores diseñados para cometer atentados, como los sucedidos en varias provincias de la República Dominicana, un día después de las elecciones, donde personas adversa a las actividades proselitistas fueron víctima de las más vulgares agresiones, enfermedad intestinal de que a los candidatos sólo les preocupa ganar, pero no le preocupan sus errores.
El papel jugado por la Junta Central Electoral (JCE), ante las personas que fueron víctima de asesinatos, agresiones y otras jugadas violentas, quedó supeditado a una simple declaración de prensa, aún contando con la Ley Electoral, aplicada sólo para montar las elecciones y dejando en el pedestal de lo inexplicable su interés de poner en marcha un proceso sin traumas.
Todo conglomerado familiar espera que sus autoridades le respondan cuando es afectado moral, social y físicamente, sin embargo, en el caso de los ciudadanos que cayeron durante las elecciones, dejando luto y orfandad, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, sólo se limitó a decir: “seis dominicanos que fallecieron en el proceso del escrutinio a nadie les importan, a nosotros sí, y no queríamos que pasara”. ¿Se subsana el dolor de sus parientes con estas simples declaraciones? No, el llanto deja de cobrar fuerza llevando a la cárcel a los culpables.
El que tiene las leyes en sus manos y no las aplica para castigar a los bandidos se convierte en cómplice de sus actos.
jpm
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