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DIARIO EN DIRECTO
El gobierno de Colombia confirmó este viernes la llegada a ese país de la ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz y de su esposo, el diputado oficialista Germán Ferrer.
"Migración Colombia se permite informar que el día de hoy en horas de la tarde ingresó al país proveniente de Aruba, la señora Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz", señala el comunicado.
El documento agrega que Ortega "arribó en un vuelo privado al Aeropuerto de Bogotá e hizo su correspondiente trámite migratorio ante las autoridades colombianas".
Fuentes del gobierno Colombiano le dijeron a BBC Mundo que Ortega Díaz no ha pedido asilo hasta el momento pero que tiene tres meses para definir su situación migratoria.
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El anunció de la salida de Ortega de Venezuela llega dos días después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara la detención de Ferrer por supuesta extorsión y allanara la vivienda de ambos en Caracas.
Ortega, una chavista que en los últimos meses se convirtió en una de las principales críticas del gobierno de Nicolás Maduro, fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto, en lo que fue la primera medida de la Asamblea Constituyente que cuenta en Venezuela con poderes absolutos.
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Con anterioridad, el TSJ había dictado la prohibición de la salida del país de Ortega y la congelación de sus bienes.
Natalio Cosoy, corresponsal de BBC Mundo en Colombia, comentó sobre el impacto que la presencia en ese país de la exfiscal venezolana podía tener en las relaciones bilaterales.
"Aunque el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido más explícito en su crítica hacia Venezuela recientemente, ha intentado históricamente evitar escalar las tensiones, así que si el país vecino pidiera a Ortega Díaz en extradición pondría a las autoridades aquí en una situación difícil", dijo.
Una figura incómoda
Ortega se convirtió en fiscal general de Venezuela en al año 2007, cuando fue designada por una Asamblea Nacional en la que el chavismo tenía mayoría absoluta.
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Sin embargo, en los últimos meses se convirtió en la la principal voz crítica contra el gobierno desde el Estado y sobre todo, desde el chavismo crítico.
A finales de marzo pasado, Ortega comenzó a desmarcarse abiertamente del oficialismo venezolano cuando cuestionó una polémica sentencia mediante las cuales el Tribunal Supremo de Justicia asumía todos los poderes de la Asamblea Nacional, controlada ahora por la oposición.
Entonces dijo que esa decisión judicial implicaba la ruptura del orden constitucional.
Posteriormente, también criticó la convocatoria hecha por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por considerar que no se ajustaba a lo previsto en la Constitución venezolana.
Al mismo tiempo, Ortega denunció los supuestos excesos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en la represión de las manifestaciones antigubernamentales ocurridas en el país desde abril de este año.
Estas acciones le valieron numerosas críticas de parte de dirigentes del oficialismo, al punto que Diosdado Cabello, considerado como el número dos del chavismo, anunció que uno de los primeros objetivos de la Constituyente era cambiar la Fiscalía.
Así se hizo. En su primera sesión de trabajo, la ANC destituyó a Ortega de su cargo.
Su sustituto, el exdefensor del Pueblo Tarek William Saab, calificó este jueves a Ortega como "autora intelectual" del más de centenar de muertes ocurridas durante la ola de protestas desatada en Venezuela.
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Saab también acusó al esposo de Ortega, el diputado Germán Ferrer, quien en las últimas semanas se convirtió en un disidente del oficialismo, de liderar una red de extorsión en la Fiscalía por lo que solicitó a la Asamblea Constituyente que le despojara de la inmunidad parlamentaria y ordenó que fuera capturado.
Ortega, por su parte, ha dicho que su destitución y las acusaciones que han surgido en su contra buscan detener las investigaciones que realizaba la Fiscalía acerca del caso de sobornos millonarios realizados por la empresa Odebrecht.
La propia constructora brasileña afirmó que había sobornado con millones de dólares a diferentes gobiernos de la región, incluido US$98 millones al de Venezuela y a sus intermediarios para conseguir contratos de obras públicas en el país.
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