Santo Domingo , República Dominicana .- El Ministerio Público de la provincia Valverde logró que fuera impuesto un año de prisión preventiva contra dos hombres a quienes se les imputa haber tenido bajo su poder un arsenal ilegal de armas de fuego, que fue desmantelado el pasado miércoles en el municipio de Esperanza, donde fueron confiscadas 13 armas de distintos tipos y calibres.
El Juzgado de la Instrucción de Valverde dictó la medida de coerción a Yovanny De Jesús Domínguez y a Iván Bolívar Morales Lugo, quienes fueron apresados durante la operación en el transcurso de la cual fueron ocupadas dichas armas, incluyendo varios revólveres, pistolas y fusiles, así como una mini uzi, una escopeta de fabricación casera, vestimentas y chalecos militares, además de varios pasaportes y chequeras.
Por su vinculación con este caso, el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de ese departamento judicial también dictó dos meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un menor de edad, cuyo nombre se omite por razones legales.
El Ministerio Público de esa jurisdicción calificó de manera provisional el hecho en base a las disposiciones establecidas en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano y 39, 40, 43, y 50 de la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia Ilegal de Armas y violación a la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
La fiscal titular de Valverde, Sonia Espejo, dijo que los fiscales continuarán profundizando la investigación del presente caso, con el objetivo de obtener una sentencia condenatoria firme para los responsables de un hecho que calificó de “grave y que pone en riesgo la seguridad y tranquilidad de muchas familias de nuestra provincia y del país”.
El hallazgo se produjo en el transcurso de varios allanamientos ejecutados mediante orden judicial en la comunidad de Damajagua del referido municipio de la provincia Valverde, donde además fueron confiscadas varias armas blancas, cápsulas para fusil M16, tiros para armas y radios de comunicación clandestinos, así como varias miras telescópicas, equipos de computadoras, una cámara digital y once celulares, entre otros objetos.
Las labores estuvieron dirigidas por la fiscal Sonia Espejo y fueron ejecutadas con la colaboración de miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), Regional Noroeste, de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) y del Ejército Nacional.
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