Estados Unidos: ejecutan en Arkansas a un preso condenado a muerte en medio de la polémica por el uso de medicamentos cuestionados

Las autoridades de Arkansas ejecutaron este jueves por la noche, con el uso de unos polémicos fármacos, al primero de ocho presos cuya muerte fue programada para ocurrir antes del 31 de abril.

A Ledell Lee le fue aplicada la pena capital por medio de inyección letal en una prisión del sureste del estado. Había sido sentenciado por el delito de homicidio.

Era uno de los ocho presos condenados a la pena capital a quienes el gobierno de Arkansas quiere ejecutar en plazo de apenas 11 días, un hecho sin precedente en EE.UU.

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Lee fue condenado tras ser considerado culpable por la muerte en 1993 de Debra Reese, una mujer de 26 años que perdió la vida al ser apaleada con una llave para desmontar las ruedas de un vehículo.

Lee siempre negó haber tenido alguna responsabilidad en lo ocurrido con Reese.

Durante todo el jueves sus abogados intentaron numerosos recursos ante los tribunales de Arkansas y ante la Corte Suprema de Justicia. En ambas instancias se declararon moratorias temporales que fueron siendo levantadas progresivamente a lo largo del día.

El último obstáculo legal fue removido por el Máximo Tribunal cuando faltaba poco más de media hora para que expirara la orden de ejecución contra Lee. Si eso hubiera ocurrido, el preso habría tenido que ser devuelto a su celda a la espera de una nueva orden de este tipo.

Drogas caducas

Aunque Lee era uno de los ocho presos cuya ejecución estaba prevista para realizarse antes de fin de mes, originalmente no era el primero de la lista sino el cuarto, pero decisiones judiciales ocurridas esta semana permitieron la suspensión de las tres ejecuciones previas.

La causa del ajustado cronograma de ejecuciones tiene que ver con que el Departamento de Correccionales de Arkansas tiene un suministro del fármaco midazolam, usado para estas inyecciones letales, cuya fecha de expiración es el 30 de abril.

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Image captionLee fue condenado por un homicidio ocurrido en 1993.

A partir de esa fecha, las autoridades tendrán dificultades para adquirir este producto, pues las empresas farmacéuticas que lo elaboran se niegan a suministrarlo a las prisiones que aplican la pena de muerte en EE.UU.

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