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La Fiscalía de Venezuela elevó este jueves el tono de sus acusaciones hacia las fuerzas de seguridad del Estado por violaciones de derechos humanos.
En un comunicado, el Ministerio Público anunció la citación para declarar como imputado a Antonio José Benavides Torres, excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana hasta hace unos pocos días y actual jefe del Gobierno del Distrito Capital, "por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en el país desde hace más de 80 días".
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La imputación supone que la Fiscalía va un paso más allá: no solo individualiza casos de presuntas violaciones de derechos humanos, sino que eleva la eventual responsabilidad hasta el más alto mando.
La Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana han sido los dos cuerpos encargados del control de las protestas contra el gobierno que comenzaron hace casi tres meses y por las que han muerto ya unas 80 personas.
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La oposición ha criticado la represión de las fuerzas del orden. La pasada semana, la Guardia Nacional quedó en evidencia al quedar claro en fotografías y videos cómo disparaban y mataban a dos jóvenes manifestantes desarmados.
El ministro del Interior, Néstor Reverol, admitió los hechos y dijo que se detuvo a los culpables y se inició una investigación para determinar la "responsabilidad individual".
Responsabilidad elevada
Pero ahora la Fiscalía imputa a Benavides Torres y no limita las presuntas violaciones a agentes individuales.
La Fiscalía ya considera probado, por ejemplo, que el joven Juan Pernalete murió por el impacto de una bomba lacrimógena y desmontó así la teoría del gobierno, que culpaba a otros manifestantes.
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El gobierno, que califica como violentas las manifestaciones de la oposición, ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad.
"La Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana han hecho un esfuerzo heroico y lo deben seguir haciendo. Sin armas de fuego, sin escopetas de perdigones. Está prohibido. Con agua y el gasecito lacrimógeno, que está permitido. Solamente", dijo la pasada semana el presidente, Nicolás Maduro, poco antes de la muerte de otro manifestante por los disparos de un guardia.
Benavides Torres deberá presentarse ante la Fiscalía el jueves 6 de Julio.
Es el ultimo movimiento en una compleja partida de ajedrez que disputan la Fiscalía y otros poderes del Estado como el Ejecutivo y el Judicial.
El martes 4 de Julio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) analizará si hay mérito para enjuiciar e incluso destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, convertida en azote del oficialismo con sus denuncias en los últimos meses.
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El martes, el TSJ decidió que la Fiscalía comparta el poder de la acusación penal con la Defensoría del Pueblo e invalidó el nombramiento del vicefiscal, preparando así el terreno a una posible destitución de Ortega, que está en el cargo desde 2007.
"Desmontaje del Ministerio Público"
Mientras llega la decisión sobre Ortega, el máximo tribunal le aplicó unas medidas cautelares que le impiden salir del país y le congelan sus bienes.
"Es un proceso de desmontaje progresivo del Ministerio Público", denunció el miércoles Ortega, que se considera chavista y se ha erigido en un referente para el chavismo crítico que está en desacuerdo con el gobierno de Maduro.
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La fiscal defiende la vigencia de la Constitución de 1999 y considera ilegal la Asamblea Constituyente que promueve Maduro, que se votará el 30 de julio y que pretende reformar el Estado y redactar una nueva Carta Magna.
"Defenderé la democracia y la Constitución hasta con mi vida. Lo juro", dijo desafiante el miércoles Ortega, que se propuso desconocer las últimas sentencias del TSJ contra el Ministerio Público.
450 investigaciones
La Fiscalía dijo este jueves en el comunicado que están en marcha hasta "450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales. De estos casos se han registrado 23 personas fallecidas y 853 lesionadas atribuidas a funcionarios policiales o militares".
Tras la publicación en redes sociales de videos en los que se ve a agentes golpear y robar a manifestantes, el propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino, admitió excesos.
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"No quiero ver a un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle", dijo. Pero las denuncias continúan.
La Fiscalía afirma que durante esta ola de protestas, que comenzó a principios de abril tras dos sentencias del TSJ que le quitaban poderes a la Asamblea Nacional, "se ha evidenciado el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, empleo de armas de fuego no autorizadas, la indebida aplicación del equipo suministrado, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad, entre otras situaciones".
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