Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEl Congreso Nacional de Paraguay fue incendiado por manifestantes que ingresaron al edificio.
En una polémica sesión, un grupo de senadores de Paraguay aprobó este viernes un proyecto de enmienda constitucional que prevé la reelección presidencial, lo que desató graves disturbios e incendios en el Congreso Nacional, en Asunción.
La votación, en la que participaron 25 senadores entre oficialistas y aliados al gobierno, fue convocada de sorpresa y se realizó a puerta cerrada en una oficina, mientras la policía rodeaba el palacio legislativo.
El hecho desató acusaciones de quiebre institucional por parte de legisladores opositores y protestas que empezaron de forma pacífica y luego escalaron en violencia.
Hayal menos 28 heridos entre legisladores, manifestantes y policías, además de cuantiosos daños materiales, según informa el colaborador de BBC Mundo en Asunción, Santi Carneri.
Durante las protestas, manifestantes ingresaron al Congreso y provocaron incendios dentro del mismo. Los legisladores y periodistas que se encontraban en el edificio habrían sido evacuados.
En la noche del viernes el presidente de Paraguay, Horacio Cartes,publicó un comunicado en el que calificó los hechos de "vandalismo".
Derechos de autor de la imagenEPAImage captionSe registran al menos 28 heridos entre legisladores, manifestantes y policías.
Además, el presidente instó a la ciudadanía a "mantener la calma" y a "no dejarse llevar" por quienes buscan "destruir la democracia y la estabilidad política y económica del país".
Los incendios en el Congreso ya fueron sofocados, al tiempo que la policía dispersó a los manifestantes que estaban en los alrededores inmediatos del edificio.
La policía, informa el diario paraguayo ABC Color, respondió a las protestas disparando balines de goma y haciendo uso de carros hidrantes, así como también gases lacrimógenos.
De hecho, entre los lesionados se encuentra el diputado de la oposición Edgar Acosta, quien "se llevó la peor parte de la represión policial y recibió varios impactos de balas de goma en el rostro", asegura el periódico.
Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionEn aproximadamente una hora, los bomberos consiguieron apagar los incendios dentro del Congreso.Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionLa policía montada se encargó de dispersar los alrededores del palacio legislativo.
¿Por qué es polémica la reelección?
La iniciativa para la reelección debía lograr el apoyo de al menos 23 de los 45 miembros del Senado y ahora tendrá que ser votada en la Cámara de Diputados, donde se espera que sea ratificada.
Dicha votación estaba programada para el sábado de mañana, en una sesión extraordinaria, pero los disturbios obligaron a posponerla.
Su aprobación da vía libre a Cartes y al expresidente Fernando Lugo para postularse en 2018 por otro período de cinco años, ya sea de manera continua (como el primero) o alternada (como el segundo).
No obstante, la Constitución paraguaya prohíbe la reelección presidencial, una norma aprobada en 1992 tras la caída del gobierno militar de Alfredo Stroessner, que se extendió entre 1954 y 1989.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEl empresario y dirigente deportivo Horacio Cartes asumió la presidencia de Paraguay en 2013.
Una propuesta similar había sido rechazada por el Parlamento en agosto y, hasta hace unos días, las normas establecían que el tema no podía volverse a tratar hasta que pasara un año.
Sin embargo, esta semana los legisladores oficialistas lograron modificar el reglamento.
De acuerdo con opositores y manifestantes, la reelección va a debilitar las instituciones democráticas paraguayas.
Acusaciones cruzadas
"Esto es un atraco",dijo el presidente del Senado, el opositor Roberto Acevedo, quien también fue reprimido durante las protestas.
En la noche, tras constatarse los graves disturbios, Acevedo pidió públicamente a Cartes que retire del Parlamento el proyecto de enmienda constitucional para evitar mayores enfrentamientos.
Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionEntre los manifestantes dispersados este viernes por la policía se encuentran legisladores de Paraguay como el presidente del Senado, Roberto Acevedo.
Cartes, en cambio, afirmó a través del comunicado: "La democracia no se conquista ni se defiende con la violencia".
"Seguimos viviendo en un Estado de derecho y no debemos permitir que unos bárbaros destruyan la paz, la tranquilidad y el bienestar general del pueblo paraguayo", agregó.
Roque Orrego, presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay, un organismo estatal que funciona de forma independiente, dijo a BBC Mundo: "Por una parte, constatamos hechos de exceso de poder en el uso de la fuerza por parte del Estado".
Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionLa policía rodeó el Congreso mientras los senadores votaban la polémica ley a puertas cerradas.
Por otra parte, lamentó la reacción de los manifestantes que incendiaron el Congreso: "Este es un pueblo pacífico que rechaza la violencia".
Y agregó: "Este no es el clima para que cada ciudadano tome postura ante una cuestión que nos interesa a todos, que es el respeto de la constitución nacional y la legalidad del país".
Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionLa policía respondió a las protestas con carros hidrantes, así como también disparando balas de goma y con gas lacrimógeno.
Perú y Chile son algunos de los países latinoamericanos cuyas constituciones impiden la reelección de los presidentes.
En cambio, otros como Colombia y Venezuela han modificado las reglas para permitirle la reelección al mandatario en el poder.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEl Tribunal Supremo de Justicia se adjudicó los poderes de la Asamblea Nacional, lo que devolvió al organismo al centro de la polémica.
"Ellos se escogieron a ellos mismos. A nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos".
Con esas palabras destacaba Julio Borges, el opositor presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, lo controvertido de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que tachó de "golpe de Estado".
Era miércoles y el TSJ acababa de advertir que asumía las competencias correspondientes a la institución que encabeza Borges, al considerarla en "desacato".
Fue el último episodio del choque institucional que empezó en diciembre de 2015, poco después de que la oposición ganara las elecciones parlamentarias y pasara a tener el control de la AN por primera vez desde que el ya difunto Hugo Chávez llegara al poder en 1999.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEl presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, desconoció la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
La oposición venezolana pronto tachó el movimiento de "golpe de Estado" y la Organización de Estados Americanos (OEA) de "autogolpe", varios países en la región mostraron su "preocupación", y Perú decidió retirar a su embajador por considerar que hubo una "ruptura del orden democrático".
Pero hace meses que la oposición considera al TSJ cooptado por el oficialismo. Te contamos por qué.
Máximo órgano judicial
En diciembre de 2015, la oposición obtuvo una contundente victoria en las elecciones parlamentarias que le daba el control del Legislativo a partir del 5 de enero.
Pero entre los comicios y la toma de posesión de los nuevos diputados, la mayoría chavista saliente aprobó y oficializó el nombramiento de 13 nuevos magistrados y 21 suplentes del TSJ (que ahora cuenta con 32) para 12 años.
La medida levantó enorme polémica sobre todo por la militancia política oficialista de algunos de los nuevos magistrados. La oposición denunció entonces que el gobierno de Maduro buscaba blindar el poder judicial.
Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionLas decisiones del Tribunal Supremo sobre actos de la Asamblea Nacional han favorecido mayoritariamente al gobierno del presidente Maduro.
Pero la Asamblea —entonces chavista—, respondió que, según lo que le concede la Constitución, estaba "en pleno ejercicio de sus potestades" y debía continuar "ejerciendo las atribuciones que le son propias hasta el día inmediatamente anterior al que se instale una nueva"; esto es, hasta el 4 de enero de 2016.
Más adelante, una comisión parlamentaria presentó un informe en el que detallaba 17 irregularidades que, según los diputados, se había dado durante el proceso de selección y solicitó que se revocara el nombramiento.
Pero el 1 de marzo de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió que la nueva Asamblea Nacional —con mayoría opositora— no podía revocar el nombramiento de los 13 magistrados.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionA los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia los elige la Asamblea Nacional.
Los 13
Así, los 13 magistrados de la discordia continúan siendo miembros del TSJ, aunque la oposición sigue denunciando que algunos de ellos no cuentan con las credenciales requeridas para el cargo.
Según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y tal como se detalla en el sitio en internet del organismo, para ser magistrado se requiere, además de tener nacionalidad venezolana y ninguna otra, y de ser "ciudadano de reconocida honorabilidad":
Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica.
O haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de 15 años y tener categoría de profesor o profesor titular.
O ser o haber sido juez superior en especialidad correspondiente a la sala para la cual se postula, con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionCalixto Ortega, hoy magistrado del TSJ, fue electo diputado suplente por el partido del gobierno en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.
Sin embargo, uno de los nuevos magistrados que según la oposición no cumple con esos requerimientos es Calixto Ortega.
Éste fue diputado de la Asamblea Nacional entre 2000 y 2005 por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, el partido del gobierno) y fue electo de nuevo como diputado suplente en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, antes ser nombrado para la sala constitucional del TSJ. En 2013, fue encargado de negocios en EE.UU., donde Venezuela no tiene embajador.
Presidente polémico
Aunque quizá el miembro más polémico del Tribunal sea el que desde febrero de este año es su presidente, Maikel Moreno.
Se licenció como abogado por la Universidad Santa María en 1995 y es doctor en derecho constitucional por ese mismo centro de estudios desde 2014.
Así, el 28 de diciembre de ese mismo año la Asamblea lo juramentó como magistrado de la sala de casación penal del TSJ. Y el 11 de febrero de 2015 fue electo como primer vicepresidente del organismo.
Y el nombramiento llegó envuelto en la polémica, debido a su pasado.
Moreno fue acusado del asesinato de una mujer en Bolívar, estado del sur de Venezuela, mientras trabajaba como miembro de la policía política, hoy el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y pasó por ello dos años en la cárcel.
Tras conseguir el beneficio procesal y reincorporarse al cuerpo policial, fue relacionado con la muerte de Rubén Gil Márquez en un tiroteo en 1989, aunque fue exculpado.
Y también fue desestimada la acusación vertida por el exmagistrado chavista Luis Velásquez Alvaray, quien lo señaló en 2007 de formar parte de la denominada Banda de los Enanos, una organización que supuestamente opera en el sistema judicial y ha sido mencionada en varios casos de corrupción.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionAntes de dedicarse a la abogacía, el hoy presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Maikel Moreno fue miembro de la policía política.
"En Venezuela hay 98% de impunidad y el año pasado asesinaron a 28.000 venezolanos. La respuesta del presidente Nicolás Maduro frente a esta tragedia es nombrar en el TSJ a Moreno, quien fue encontrado culpable en la muerte de Rubén Gil Márquez en 1989. ¿En manos de quién está la justicia en Venezuela?", exclamó en febrero el diputado Juan Miguel Matheus, responsable de la Comisión de Régimen Político y Administración de Justicia del Poder Legislativo.
Ante lo que Moreno se defendió en el programa del ex vicepresidente José Vicente Rangel de la cadena local Televen: "Los magistrados del TSJ estamos haciendo que la Constitución y las leyes se respeten en el país. El TSJ es vigilante y garante de la paz y la seguridad de los venezolanos".
Sea como sea, el organismo que preside comunicó el miércoles cuál es el nuevo estado de cosas en Venezuela.
"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta sala constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el estado de derecho", se lee en la sentencia.
Competencias, propias y adquiridas
Según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, su sala constitucional tiene 23 competencias, entre las cuales están:
Declarar nulas las leyes nacionales que choquen con la Constitución.
Declarar nulas las constituciones estatales que choquen con la Constitución de la República.
Declarar nulas las órdenes dictadas por el Ejecutivo y que choquen con la Constitución.
Verificar si los tratados internacionales a los que se suscriba Venezuela están en conformidad con lo que dice la Constitución.
Revisar la constitucionalidad de los decretos emitidos por el presidente para que se declare el estado de excepción.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLa oposición denuncia que ahora el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se atribuye la capacidad de hacer leyes, no sólo de pararlas.
Y de acuerdo a la sentencia emitida el miércoles, ahora el TSJ hará suyas las 24 funciones que el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga a la Asamblea, entre las cuales se encuentran:
Legislar en materia de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional
Proponer enmiendas y reformas a la Constitución, en los términos establecidos en ésta
Decretar amnistías
Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público
Autorizar que el Ejecutivo firme contratos de interés nacional
Autorizar que el Ejecutivo enajene bienes inmuebles privados
Ante esto, los diputados opositores denuncian que es la primera vez que el más alto tribunal de Venezuela se atribuye la capacidad de hacer leyes, no sólo de pararlas.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEl Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela vuelve a estar en el centro de la polémica.
"Esta no es una sentencia más, es una sentencia que marca un punto de no retorno de la dictadura que requiere iniciar un nuevo proceso de movilización y resistencia para enfrentar esta arremetida", dijo Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular, uno de los partidos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.
Sin embargo, el analista Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, considera que el fallo de la Sala Constitucional no afecta en nada el ya diezmado poder que ha tenido el Parlamento venezolano desde su instauración en enero de 2016.
"Desde hace mucho rato, la Asamblea no ha tenido poder real para cumplir sus funciones. Sus competencias han sido completamente tomadas por el Tribunal. Se trata de una acción de facto que evolucionó a una acción explícita, donde el TSJ se evita la molestia de tomar decisiones individuales y asume todas las funciones directamente", opina el analista.
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