La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo este viernes que las dos últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de su país, con las que las asumió las funciones del legislativo, constituyen "ruptura del orden constitucional".
"Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", dijo Ortega Díaz durante la presentación del balance de gestión del Ministerio Público.
Ortega Díaz es la más alta funcionaria del Estado venezolano en criticar el fallo del TSJ en el que advertía que asumiría las competencias de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, mientras persistiera la situación de "desacato".
AP
La oposición tachó la decisión de un "golpe de Estado" al tiempo que gobiernos de la región expresaron su "preocupación" y Perú incluso retiró su embajador de forma "definitiva".
Panamá, México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile, al igual que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), también se sumaron a las críticas.
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El gobierno de Nicolás Maduro respondió con un comunicado en el que afirmó: "Los gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista de la Región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses, mediante falsedades e ignominias pretenden atentar contra el Estado de Derecho en Venezuela y su orden constitucional".
"Han desatado una histérica campaña contra Venezuela, ante el fracaso de sus intenciones por inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Los motiva la venganza y la intolerancia político-ideológica contra la sólida y vigorosa democracia venezolana y su modelo inclusivo de derechos humanos", prosigue la declaración.
"Preocupación"
Pero Ortega, en una aparente muestra de discrepancia con el tono del discurso oficial, consideró: "Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento".
"Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna, propiciemos un ambiente de respeto y de rescate de la pluralidad", agregó.
Hasta ahora, Ortega es considerada pieza clave del entramado del altos funcionarios afines de los que se vale el gobierno, según denuncian los críticos, para controlar el sistema de justicia del país.
La funcionaria, que trabaja en el Ministerio Público en el año 2002, fue nombrada en el cargo por primera vez en el año 2007, cuando el chavismo tenía control de la Asamblea Nacional, en la que la oposición no tenía presencia por haber boicoteado las elecciones.
Posteriormente, fue ratificada en el cargo en 2014 por un nuevo Parlamento en el que el chavismo pese a ser mayoría no tenía la mayoría absoluta de dos tercios, lo que generó protestas de la oposición que consideraba que el nombramiento constituía "un abuso a la Constitución".
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