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"Ellos se escogieron a ellos mismos. A nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos".
Con esas palabras destacaba Julio Borges, el opositor presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, lo controvertido de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que tachó de "golpe de Estado".
Era miércoles y el TSJ acababa de advertir que asumía las competencias correspondientes a la institución que encabeza Borges, al considerarla en "desacato".
Fue el último episodio del choque institucional que empezó en diciembre de 2015, poco después de que la oposición ganara las elecciones parlamentarias y pasara a tener el control de la AN por primera vez desde que el ya difunto Hugo Chávez llegara al poder en 1999.
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La oposición venezolana pronto tachó el movimiento de "golpe de Estado" y la Organización de Estados Americanos (OEA) de "autogolpe", varios países en la región mostraron su "preocupación", y Perú decidió retirar a su embajador por considerar que hubo una "ruptura del orden democrático".
Pero hace meses que la oposición considera al TSJ cooptado por el oficialismo. Te contamos por qué.
Máximo órgano judicial
En diciembre de 2015, la oposición obtuvo una contundente victoria en las elecciones parlamentarias que le daba el control del Legislativo a partir del 5 de enero.
Pero entre los comicios y la toma de posesión de los nuevos diputados, la mayoría chavista saliente aprobó y oficializó el nombramiento de 13 nuevos magistrados y 21 suplentes del TSJ (que ahora cuenta con 32) para 12 años.
La medida levantó enorme polémica sobre todo por la militancia política oficialista de algunos de los nuevos magistrados. La oposición denunció entonces que el gobierno de Maduro buscaba blindar el poder judicial.
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Pero la Asamblea —entonces chavista—, respondió que, según lo que le concede la Constitución, estaba "en pleno ejercicio de sus potestades" y debía continuar "ejerciendo las atribuciones que le son propias hasta el día inmediatamente anterior al que se instale una nueva"; esto es, hasta el 4 de enero de 2016.
Más adelante, una comisión parlamentaria presentó un informe en el que detallaba 17 irregularidades que, según los diputados, se había dado durante el proceso de selección y solicitó que se revocara el nombramiento.
Pero el 1 de marzo de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió que la nueva Asamblea Nacional —con mayoría opositora— no podía revocar el nombramiento de los 13 magistrados.
GETTY IMAGESLos 13
Así, los 13 magistrados de la discordia continúan siendo miembros del TSJ, aunque la oposición sigue denunciando que algunos de ellos no cuentan con las credenciales requeridas para el cargo.
Según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y tal como se detalla en el sitio en internet del organismo, para ser magistrado se requiere, además de tener nacionalidad venezolana y ninguna otra, y de ser "ciudadano de reconocida honorabilidad":
- Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica.
- O haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de 15 años y tener categoría de profesor o profesor titular.
- O ser o haber sido juez superior en especialidad correspondiente a la sala para la cual se postula, con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.
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Sin embargo, uno de los nuevos magistrados que según la oposición no cumple con esos requerimientos es Calixto Ortega.
Éste fue diputado de la Asamblea Nacional entre 2000 y 2005 por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, el partido del gobierno) y fue electo de nuevo como diputado suplente en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, antes ser nombrado para la sala constitucional del TSJ. En 2013, fue encargado de negocios en EE.UU., donde Venezuela no tiene embajador.
Presidente polémico
Aunque quizá el miembro más polémico del Tribunal sea el que desde febrero de este año es su presidente, Maikel Moreno.
Se licenció como abogado por la Universidad Santa María en 1995 y es doctor en derecho constitucional por ese mismo centro de estudios desde 2014.
Así, el 28 de diciembre de ese mismo año la Asamblea lo juramentó como magistrado de la sala de casación penal del TSJ. Y el 11 de febrero de 2015 fue electo como primer vicepresidente del organismo.
Y el nombramiento llegó envuelto en la polémica, debido a su pasado.
Moreno fue acusado del asesinato de una mujer en Bolívar, estado del sur de Venezuela, mientras trabajaba como miembro de la policía política, hoy el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y pasó por ello dos años en la cárcel.
Tras conseguir el beneficio procesal y reincorporarse al cuerpo policial, fue relacionado con la muerte de Rubén Gil Márquez en un tiroteo en 1989, aunque fue exculpado.
Y también fue desestimada la acusación vertida por el exmagistrado chavista Luis Velásquez Alvaray, quien lo señaló en 2007 de formar parte de la denominada Banda de los Enanos, una organización que supuestamente opera en el sistema judicial y ha sido mencionada en varios casos de corrupción.
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"En Venezuela hay 98% de impunidad y el año pasado asesinaron a 28.000 venezolanos. La respuesta del presidente Nicolás Maduro frente a esta tragedia es nombrar en el TSJ a Moreno, quien fue encontrado culpable en la muerte de Rubén Gil Márquez en 1989. ¿En manos de quién está la justicia en Venezuela?", exclamó en febrero el diputado Juan Miguel Matheus, responsable de la Comisión de Régimen Político y Administración de Justicia del Poder Legislativo.
Ante lo que Moreno se defendió en el programa del ex vicepresidente José Vicente Rangel de la cadena local Televen: "Los magistrados del TSJ estamos haciendo que la Constitución y las leyes se respeten en el país. El TSJ es vigilante y garante de la paz y la seguridad de los venezolanos".
Sea como sea, el organismo que preside comunicó el miércoles cuál es el nuevo estado de cosas en Venezuela.
"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta sala constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el estado de derecho", se lee en la sentencia.
Competencias, propias y adquiridas
Según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, su sala constitucional tiene 23 competencias, entre las cuales están:
- Declarar nulas las leyes nacionales que choquen con la Constitución.
- Declarar nulas las constituciones estatales que choquen con la Constitución de la República.
- Declarar nulas las órdenes dictadas por el Ejecutivo y que choquen con la Constitución.
- Verificar si los tratados internacionales a los que se suscriba Venezuela están en conformidad con lo que dice la Constitución.
- Revisar la constitucionalidad de los decretos emitidos por el presidente para que se declare el estado de excepción.
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Y de acuerdo a la sentencia emitida el miércoles, ahora el TSJ hará suyas las 24 funciones que el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga a la Asamblea, entre las cuales se encuentran:
- Legislar en materia de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional
- Proponer enmiendas y reformas a la Constitución, en los términos establecidos en ésta
- Decretar amnistías
- Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público
- Autorizar que el Ejecutivo firme contratos de interés nacional
- Autorizar que el Ejecutivo enajene bienes inmuebles privados
Ante esto, los diputados opositores denuncian que es la primera vez que el más alto tribunal de Venezuela se atribuye la capacidad de hacer leyes, no sólo de pararlas.
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"Esta no es una sentencia más, es una sentencia que marca un punto de no retorno de la dictadura que requiere iniciar un nuevo proceso de movilización y resistencia para enfrentar esta arremetida", dijo Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular, uno de los partidos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.
Sin embargo, el analista Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, considera que el fallo de la Sala Constitucional no afecta en nada el ya diezmado poder que ha tenido el Parlamento venezolano desde su instauración en enero de 2016.
"Desde hace mucho rato, la Asamblea no ha tenido poder real para cumplir sus funciones. Sus competencias han sido completamente tomadas por el Tribunal. Se trata de una acción de facto que evolucionó a una acción explícita, donde el TSJ se evita la molestia de tomar decisiones individuales y asume todas las funciones directamente", opina el analista.
"No pasa nada en términos empíricos, sino simbólicos".
Y sin embargo, el Tribunal vuelve a situarse en el centro de la polémica.
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