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La Cancillería de Perú anunció este jueves que retira "de manera definitiva" a su embajador en Venezuela.
En un comunicado difundido en Twitter, la Cancillería declaró: "El gobierno de Perú condena la decisión del TSJ de atribuirse las competencias parlamentarias que le corresponden a la AN, arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático".
El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, expresó minutos después en su cuenta de Twitter: "Condeno la ruptura de la democracia en Venezuela. Retiro de manera definitiva a mi Embajador en ese país".
"América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela", dijo en otro tuit.
La decisión de retirar al diplomático peruano Mario López Chávarry llega horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano anunciara en una sentencia que ejercerá las competencias del órgano legislativo, la Asamblea Nacional (AN), mientras esta se mantenga en situación de "desacato".
El TSJ declaró "en desacato" al órgano legislativo controlado por la oposición en enero de 2016.
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El máximo ente judicial del país ordenó entonces que todos los actos de la AN fuesen nulos mientras siguieran juramentados los tres diputados opositores por el estado Amazonas, cuya elección fue impugnada por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Estos diputados no están ejerciendo funciones por decisión de la propia Asamblea, pero el TSJ mantiene su posición, lo cual ha llevado a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática a acusar al tribunal de perjudicar al parlamento para beneficio del Ejecutivo.
Ante las medidas tomadas por Perú, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su país "rechaza categóricamente (el) comunicado injerencista del Gobierno del Perú sobre asuntos de la jurisdicción interna venezolana".
La ministra agregó que "es lamentable que ante los graves problemas que hoy sufre el hermano pueblo del Perú, sus autoridades se dediquen a agredir a Venezuela".
Rodríguez también "rechazó 'el concierto de la derecha regional para atacar el sistema democrático venezolano, de base popular e inspiración bolivariana'".
Tensión
Lima ya había llamado a consultas a su embajador en Caracas, López Chávarry, el pasado 7 de marzo.
El gobierno peruano tomó la decisión luego de que la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, tildó de "cobarde" y "perro simpático" al presidente peruano.
Los comentarios se dieron en respuesta a cuestionamientos hechos por el mandatario peruano sobre la situación de Venezuela mientras estuvo en febrero de visita en EE.UU.
Perú respondió de inmediato rechazando las "insolentes" declaraciones de la jefa de la diplomacia venezolana.
Otras reacciones
En el comunicado de este jueves, el gobierno peruano también señaló que "ha iniciado consultas" con países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para "adoptar con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela".
Aunque Perú ha sido el único hasta ahora en tomar acciones, ya son varios los países de la región que se han pronunciado en contra las medidas tomadas por el TSJ, que ven con "gran preocupación".
AFP
El gobierno mexicano dijo en un comunicado, difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores del país, que guarda "profunda preocupación por las recientes decisiones del TSJ que afectan a la Asamblea Nacional de ese país".
"Atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes", dijo en el mensaje.
México señaló también que reitera la declaración emitida el 23 de marzo, junto a otros 13 países de la OEA, en la que le piden a Venezuela que convoque a elecciones y que libere a presos políticos.
Durante una conferencia en Colombia, el canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo que "a México preocupa de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano, querido, entrañable para los mexicanos como es Venezuela".
"Estos hechos no hacen sino agravar lo que ya hoy hace de esta una situación extraordinaria y delicada", agregó.
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, también presente en la conferencia de Videgaray, coincidió con que la medida del TSJ "lo único que hace es profundizar esa crisis que vive Venezuela".
Más tarde, la Cancillería de Colombia difundió un comunicado en el que el gobierno "reitera su convicción de que la separación de poderes y el apego irrestricto a las normas constitucionales son fundamentos imprescindibles para la plena vigencia de la democracia representativa, la convivencia pacífica de la población y el estado de derecho".
Mientras, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que las decisiones del TSJ de Venezuela "alimentan la radicalización política en el país".
Argentina, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, reivindicó "la importancia de la plena vigencia en Venezuela del Estado de Derecho y de los principios democráticos, entre ellos los principios fundamentales de la separación de poderes y el respeto por la libre expresión de las ideas".
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño, las medidas del TSJ "agravan la situación política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela".
"Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas", añade el país en un comunicado.
Guatemala también se manifestó ante los hechos y pidió al gobierno de Venezuela que "sostenga un diálogo franco, sincero y participativo para la promoción de la concertación política que preserve la paz y las garantías constitucionales en beneficio de la población venezolana".
GETTY IMAGES"Condena"
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, escribió en su cuenta de Twitter que "en América Latina, debemos defender la convivencia democrática en nuestras sociedades".
Además, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, anunció que el gobierno de su país decidió "llamar de inmediato a informar" a su embajador en Venezuela, "sobre el agravamiento de la situación" en ese país.
El diplomático, Pedro Ramírez, llegará el viernes a Chile. "El llamado a informar es una expresión de máxima preocupación respecto a los hechos que ocurren en Venezuela", agregó Muñoz.
Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. difundió un comunicado en el que "condena" la decisión del TSJ.
"Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida a las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela", señala.
EE.UU. le pide al gobierno de Venezuela que "permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos".
"El gobierno venezolano debe cumplir con los compromisos que asumió durante el proceso de diálogo de 2016 (...) y sus compromisos de la Carta Democrática Interamericana", agrega EE.UU.
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Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, escribió en su cuenta de Twitter que el organismo que dirige "apoya la #AsambleaNacional, único poder legitimado y denuncia el auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen de #Venezuela".
Reunión urgente
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, también se pronunció ante la decisión del TSJ de Venezuela. El funcionario aseguró en un tuit que lo ocurrido es un "auto golpe" y pidió la "urgente" convocatoria de un Consejo Permanente del organismo, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática.
Dicho artículo establece que "el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes".
El pasado 15 de marzo, Almagro propuso la suspensión de Venezuela del organismo regional si no se celebraban elecciones generales en el país en un plazo de 30 días.
Almagro y otros países miembros de la OEA critican la situación de derechos humanos en Venezuela, la existencia de "presos políticos" y el proceso de diálogo entre gobierno y oposición que comenzó a finales de octubre del año pasado y que está paralizado y sin resultados.
El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Almagro de actuar al dictado de Estados Unidos y de "servir a los intereses del imperio y del capitalismo mundial en el continente".
Para que Venezuela sea suspendida del organismo, se requiere de dos tercios de los 34 miembros de la Asamblea General de la OEA.
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