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Su campaña contra Agua Zarca le llevó años, le valió un premio y le quitó la vida.
Pero pese a que el controvertido proyecto hidroeléctrico contra el que luchó Berta Cáceres está de momento paralizado, existe el temor de que continúe.
A un año del asesinato de la activista hondureña, ocurrido en su casa en la ciudad La Esperanza el 3 de marzo pasado, organizaciones nacionales e internacionales aseguran que el contexto del país hace difícil prever cómo será el futuro de Agua Zarca.
Las obras de construcción de la central hidroeléctrica fueron paralizadas tras el crimen de Cáceres, muerta a los 44 años y por el cual hay ocho personas acusadas, una de ellas un empleado de la empresa.
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"Sabemos que hay una suspensión temporal del proyecto pero que la licencia sigue vigente o sea que en cualquier momento ese proyecto puede volver a arrancar", le dice a BBC Mundo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
Guevara Rosas se reunió esta semana en Honduras con altos funcionarios del gobierno para entregarle más de 80.000 firmas de personas que demandan justicia para el caso de Cáceres. AI asegura que la investigación, cuestionada por otras organizaciones también, ha sido "vergonzosamente deficiente".
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"(El proyecto) sigue vigente, lo atribuimos a que se trata de grandes intereses políticos y económicos que hay detrás. No sabemos por qué el gobierno no está tomando una acción, porque no es información que comparten", comenta Guevara-Rosas.
"Se sienten trastocados por los defensores que se oponen a estos proyectos de desarrollo, que se oponen a proyectos que detrás hay corrupción, impunidad por parte de las propias autoridades", denuncia la encargada de AI.
La lucha de Cáceres
Cáceres, ganadora del Premio Medioambiental Goldman en 2015, organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena del país, en su oposición a la represa de Agua Zarca, cuya construcción sobre el Río Gualcarque, sagrado para los indígenas y vital para su supervivencia, encontró resistencias en la comunidad.
La activista había denunciado que tras su oposición al proyecto de la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), una firma hondureña fundada en 2008 y con sede en Tegucigalpa, había sido amenazada de muerte.
La empresa se desvinculó del crimen. Cuando en mayo pasado se detuvo a uno de los empleados (su gerente de temas sociales y medioambientales), emitió un comunicado en el que aseguraba que "bajo ningún concepto es responsable ni tiene vínculo material e intelectual con el asesinato".
Al frente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Cáceres cuestionaba el proyecto por ser violatorio del derecho internacional puesto que no se realizó una consulta con las comunidades afectadas.
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La empresa defendía que el proyecto iba a generar 21,7 megavatios, capaces de suministrar energía a unos 25.000 hogares, además de más de 1.500 empleos directos e indirectos durante su construcción.
La campaña de la activista logró que la firma estatal china Sinohydro retirara su participación.
El sucesor de Cáceres en el liderazgo de la organización, Tomás Gómez, considera que "en este contexto, con este gobierno, puede hacer que pueda continuar. Pero las comunidades han dicho que no van a dejar que se construya el proyecto aunque el Estado le dé el visto bueno".
"La empresa está con una fuerte campaña contra el Copinh, contra la comunidad de Río Blanco, y también el gobierno de este país y la justicia hondureña, están favoreciendo al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca", le dice a BBC Mundo.
Pero esta organización también tiene sus detractores en el país. El presidente del Consejo de Gestión y Desarrollo del Sur de Santa Bárbara, José Héctor García, afirma que el Copinh ha "satanizado" a Agua Zarca y que de las 11 comunidades beneficiadas "sólo la mitad de una está en contra de la hidroeléctrica".
"Fase de revisión"
La construcción de la central se inició en 2014 y estaba previsto que fuera terminada a fines de este año pero la compañía anunció en mayo, dos meses después del asesinato de Cáceres, que el proyecto ingresaba en una "fase de revisión".
La compañía respondió por correo electrónico una solicitud de información realizada por BBC Mundo en la que explica que "está en un proceso de evaluación de caminos".
"La revisión o evaluación que se está realizando en este momento apunta a direccionar la inversión social para garantizar que la misma tenga un alto impacto positivo en las comunidades", señala la firma.
Una vez finalizada la evaluación, la firma comunicará "posiblemente" las fechas "en las cuales se espera que comience la operación".
Agua Zarca prometió el año pasado realizar un "nuevo proceso de socialización con todos los actores", algo que organizaciones como Copinh rechazan.
"La consulta previa, libre e informada es antes de que de se apruebe e instale el proyecto (...) ahora que hay conflictividad quieren hacer la consulta", se queja Gómez.
"Es preocupante", se lamenta Guevara-Rosas, "que no se esté atendiendo el problema de raíz y estas empresas continúan con estos proyectos en lugares donde ni siquiera se ha hecho una consulta".
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AI también cuestiona la inversión de empresas internacionales, de organismos internacionales e incluso de gobiernos de otros países en proyectos en los cuales no se evalúa el impacto adecuadamente.
El Banco Holandés de Desarrollo (FMO, por su sigla en holandés) —una de las instituciones que financiaba Agua Zarca— pidió tras el asesinato a una consultora que analice el impacto del proyecto en materia de derechos humanos y decidió suspender su participación.
"Pero lamentablemente si no financian ellos, va a financiar alguien más (...) estas empresas, estas instituciones financieras, tienen una responsabilidad de protección de los derechos humanos", señala Guevara-Rosas.
El caso de Cáceres es "emblemático" pero no es uno "aislado", recuerda al hablar del "nefasto contexto" en el que trabajan los defensores de derechos humanos en Honduras.
La organización no gubernamental Global Witness señala que Honduras es el país más peligroso para los activistas del medio ambiente, donde 123 han sido asesinados desde 2010.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró esta semana que el Estado "tiene que hacer lo que esté en la ley y en sus manos para hacer justicia porque (el crimen) no puede quedar impune".
Sería la excepción. El 90% de los ataques en el país contra activistas como Cáceres quedan sin resolverse.
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