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La peor crisis del proceso de paz.
Eso dicen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla que en noviembre pasado firmó un acuerdo de paz con el gobierno colombiano para poner fin a 52 años de conflicto interno que dejó más de 220.000 muertos y millones de víctimas.
La "crisis" es una situación compleja que tiene lugar apenas días antes de la que debería haber sido la fecha de dejación, o entrega, de unas 7.000 armas que los guerrilleros tienen en las 26 zonas y campamentos transitorios en los que están concentrados.
¿Qué ocurrió?
La Corte Constitucional de Colombia anunció la semana pasada su decisión -en respuesta a una demanda del senador opositor Iván Duque- de modificar unos puntos del denominado fast-track (vía rápida), un mecanismo legal diseñado para acelerar la incorporación al ordenamiento jurídico del acuerdo de paz.
Todavía no se conoce la sentencia como tal, pero la Corte anunció su decisión en líneas generales mediante un comunicado y unas palabras de su presidente (una costumbre que se ha repetido en otras ocasiones y es cuestionada por la confusión que genera).
Con base en eso se sabe que modificaron dos puntos del fast-track.
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Uno que sostenía que para introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Ejecutivo los legisladores necesitaban del aval de ese poder; ahora ya no lo necesitarán. Y otro que decía que los proyectos se debían votar en su totalidad; ahora se votará punto por punto de cada proyecto.
El argumento de los magistrados es que del modo en que la redacción original implicaba una sustitución de la función legislativa, que le quitaba a los congresistas su poder de decidir sobre las leyes.
No obstante, la Corte aclaró que esta decisión sólo aplica a futuro pero no modifica lo que ya está aprobado por el fast-track.
Por otro lado, no modificó el primer punto del mecanismo que dice que los proyectos de ley que sigan esa vía serán iniciativas exclusivamente del gobierno nacional (del Ejecutivo) y -esto es fundamental- "su contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo" del acuerdo de paz.
Tampoco cambió el hecho de que las leyes del fast-track tendrán prioridad de tratamiento en el congreso.
Reacciones y efectos
En general todos coinciden en que esto implicará una ralentización de la construcción de la estructura normativa que requieren el acuerdo de paz.
Pero, luego, las lecturas varían.
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Para las FARC implica la mayor crisis de todo el proceso que comenzó hace unos seis años con conversaciones exploratorias y se extendió durante los últimos cuatro en diálogos formales en La Habana, Cuba.
Enrique Santiago, abogado que asesora a las FARC, le dijo a BBC Mundo que la decisión de la Corte es una "atrocidad jurídica".
No acuerda con la idea de sustitución de la función de los legisladores. Es más, lo lee al revés: "En la Constitución la facultad de firmar acuerdos de paz es del presidente". Para él, los cambios que anunciaron los magistrados invaden la facultad del Ejecutivo.
Le preocupa que, aunque varios elementos ya han sido aprobados por el congreso, faltan, por ejemplo, los detalles de cómo funcionará la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, la estructura jurídica que se crea específicamente en el marco de los acuerdos y que ofrece penas mucho más benignas que las de la justicia ordinaria), los acuerdos de tierras o las normas acerca de la reincorporación de los guerrilleros.
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Por eso, las FARC temen que el congreso pueda hacer grandes cambios a la JEP o modifique el funcionamiento de las amnistías.
"No hay garantías de seguridad jurídica, no hay garantías de seguridad personal, no hay garantías de seguridad económica", dijo el abogado.
"Han dejado congelado el proceso", agregó.
La incertidumbre es algo que preocupa tanto a los jefes de las FARC, que decidieron salir a recorrer las 26 zonas donde están concentrados unos 7.000 guerrilleros para intentar brindar cierta contención a sus filas.
Además, el jefe máximo del grupo rebelde, Timochenko, llamó a asamblea permanente a todos los miembros de las FARC en las zonas.
Desde el gobierno, sin embargo, dicen que no se trata de una situación catastrófica.
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Así lo aseguró en reunión con corresponsales extranjeros este lunes el vicepresidente Oscar Naranjo, quien está a cargo de la implementación del acuerdo de paz.
(Naranjo debió interrumpir unos minutos el encuentro con periodistas para reunirse con el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, justamente para pensar soluciones frente a la decisión de la Corte.)
Ya de regreso, dijo: "No modifica el ADN del fast-track".
Pero admitió que se trata de una decisión que provoca incertidumbre y puede alimentar desconfianza. Por eso insistió: "El presidente de la república y el gobierno están dispuestos a cumplir lo pactado en el acuerdo".
Otras voces han señalado, además, en contra de lo asegurado por Santiago, que la decisión de los magistrados le dará en el largo plazo más solidez y legitimidad a las normas que implemente el congreso, ya que no podrá argumentarse que la capacidad de los legisladores de, precisamente, legislar, estaba suplantada por las decisiones del Ejecutivo.
La preocupación central, que todos comparten, es la de los tiempos. Sobre todo, teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones legislativas y presidenciales y, de extenderse, la discusión podría solaparse -como mínimo- con las campañas electorales.
Plazos
De todos modos, las FARC insisten en lo que llaman "recalendarización".
Esto es, fundamentalmente, modificar los plazos de la entrega de las armas a las Naciones Unidas y la duración de las 26 zonas y puntos de transición.
El grupo guerrillero dice que les faltan suficientes garantías jurídicas (la JEP no está definida en detalle y la Corte Constitucional todavía tiene que dar su aprobación a la ley de amnistía que les permite no enfrentar procesos jurídicos o salir de la cárcel si no han cometido crímenes graves), económicas (no está claramente definido el proceso de reintegración) y de seguridad personal (el congreso tiene que aprobar normas sobre lo que llaman desmantelamiento del paramilitarismo).
Su argumento es que una vez que dejen las armas, los compromisos se convertirán en promesas, que podrán cumplirse o no.
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Este martes se reunió en Bogotá la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación al Acuerdo Final (CSIVI, en la que hay representantes del gobierno y las FARC), para intentar encontrar una solución a esta situación, pero no la alcanzaron y los diálogos continúan el miércoles.
El presidente Juan Manuel Santos se ha mantenido en la posición de que la dejación de armas se completará antes de fin de mayo y que para esa fecha dejarían de funcionar también las 26 zonas y puntos transitorios.
Es muy improbable que se cumpla, pero todas las partes saben que al haber retrasado tanto el anuncio de una extensión de los plazos, será más grande el costo político a pagar y más grandes los esfuerzos que tendrán que hacer para contener una crisis de credibilidad.
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Para evitar mayores retrasos tras la decisión de la Corte, reporta el diario El Tiempo, las comisiones de paz del Senado y de la Cámara de Representantes acordaron presentar al inicio de cada sesión una proposición para que las los proyectos sean votados en bloque (como establecía el fast-track antes de la modificación) y no punto por punto.
Habrá que ver si ocurre y, sobre todo, si una vez conocido el texto completo de la sentencia eso es realmente necesario.
Porque el diablo está en los detalles y los detalles de esa decisión todavía no se conocen.
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