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El 6 de abril Jairo Johan Ortiz Bustamante fue el primer fallecido de la actual ola de protestas en Venezuela. Desde entonces, 41 días y un total de 43 muertos.
El último, este miércoles, un joven de 15 años que compraba en un abasto cerca de donde se desarrollaba una protesta contra el gobierno en el estado de Táchira, en el oeste del país, uno de los principales focos de manifestaciones, disturbios y enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Aunque hay diferentes recuentos de víctimas, la fiscalía, que informó este miércoles de la muerte del adolescente, lleva una lista de fallecidos que ya suma los 43.
Esa fue la cifra oficial de muertos tras la ola de protestas de 2014 contra el gobierno de Nicolás Maduro, que entonces se prolongó durante más de tres meses. Ahora se iguala el número en sólo 41 días. Más de un fallecido por jornada.
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La oposición lidera ahora una nueva ola de protestas desde hace semanas. El punto de partida fueron las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de apropiarse funciones de la Asamblea Nacional, el poder legislativo, controlado por la oposición desde las legislativas de diciembre de 2015.
Pese a la rectificación de esas sentencias, la oposición llamó a unas protestas continuas contra un gobierno al que acusan de una deriva autoritaria y al que culpan de la grave crisis económica que sufre el país.
La convocatoria por parte del gobierno de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución caldeó aún más los ánimos de la oposición, que acusa a Maduro de encabezar un golpe de Estado negándose a llamar a elecciones.
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Las protestas, sobre todo en el interior del país, han derivado en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
El gobierno afirma que la oposición está intentando fomentar un golpe de Estado y califica de "terroristas" las acciones contra el presidente Maduro.
La oposición culpa de las víctimas a la represión de las fuerzas de orden. Imágenes de las últimas semanas muestran a algunos policías disparando balas lacrimógenas en dirección de los manifestantes, así como a jóvenes encapuchados lanzando cócteles molotov e incendiando tanquetas.
"Impacto de bala"
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Pero no sólo ha quedado en eso.
Este miércoles la fiscalía anunció que imputará a dos funcionarios policiales por la muerte de Luis José Álvarez, que "murió tras recibir un impacto de bala en el tórax durante una manifestación".
Esa fue también la causa de la muerte el lunes de otro hombre, por lo que fue imputado un policía del estado Táchira.
El joven de 15 años cuya muerte se anunció este miércoles, "realizaba compras en un abasto ubicado (…) cerca de donde se realizaba una manifestación, cuando recibió un disparo a nivel umbilical".
La fiscalía aún no ha comunicado las conclusiones de las investigaciones de todas estas muertes.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo en una entrevista con la Agencia EFE la pasada semana que la actual ola de protestas es "mucho más violenta" que la de 2014, que comenzó el 12 de abril de aquel año y se prolongó por más de tres meses.
Padrino y el presidente Maduro han hablado abiertamente de una "insurrección armada" y han defendido la actuación de la policía antidisturbios.
GETTY IMAGESProtestas extendidas
Con respecto a 2014 la principal diferencia y una de las causas de que se hayan registrado más fallecidos es la extensión geográfica.
Mientras que hace tres años las protestas, que no contaron con el respaldo de toda la oposición, fueron sobre todo en Caracas y el estado Táchira, esta vez se han extendido a otros estados como Zulia, Carabobo y Bolívar, entre otros.
La grave situación económica alimenta un descontento mayor que hace tres años.
El gobierno activó el 18 de abril el Plan Zamora de seguridad, cuya segunda fase se aplicó en el estado de Carabobo, próximo a Caracas, ante una ola de saqueos contra más de un centenar de comercios a comienzos de mayo.
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Muchos de los detenidos han sido puestos a disposición de tribunales militares por delitos de rebelión, algo criticado por ONGs que defienden el debido proceso y por organismos internacionales.
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La segunda fase del plan de refuerzo militar se va a extender a Táchira con 2.000 guardias nacionales (policía militarizada) y 600 agentes de operaciones especiales, según anunció el ministro Padrino este miércoles.
La fiscalía ha criticado también que civiles sean juzgados en tribunales militares.
"Es uno de los asuntos que el Estado debe mirar con mucha preocupación", dijo la fiscal, Luisa Ortega, en una reciente y poco habitual entrevista con el diario estadounidense "The Wall Street Journal".
"Incluso en los estados de excepción, el debido proceso es uno de los pocos derechos que no se puede suspender", citó Ortega el 25 de abril el artículo 337 de la Constitución.
Son ya 43 los fallecidos, pero en el horizonte no se atisba el fin a esta crisis política. La oposición sigue convocando a marchas y actividades de protesta, y el gobierno considera que la "ultraderecha" está alentando la violencia.
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