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Más desafiante que nunca, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, acusó este martes al poder Ejecutivo y Judicial de estar perpetrando un golpe de Estado peor que el de 2002 contra Hugo Chávez.
"Esto es un golpe de Estado más grotesco que el de Carmona", dijo este martes en referencia al golpe fallido en abril de 2002 por el que el empresario Pedro Carmona disolvió los poderes antes de que se consumara el regreso a la presidencia de Chávez a las pocas horas.
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La fiscal, nombrada en 2007 y que se considera chavista, se ha convertido en la voz más crítica contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde dentro del Estado.
Ortega no acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se celebró un antejuicio de mérito para determinar si cometió alguna falta grave, lo que podría llevar a su destitución.
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De acuerdo con la Constitución, ese poder de removerla del cargo recae en la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y considerada en desacato por parte del TSJ, por lo que es de esperar que sea la Sala Constitucional del alto tribunal la que, como ha venido haciendo en los últimos meses, se atribuya el papel de suplir al Parlamento y decida sobre una eventual destitución.
De hecho, esa sala nombró este martes una nueva vicefiscal, Katherine Harrington, que Ortega no reconoce como legítima y que asumiría el cargo en caso de una destitución.
Pero antes, la Sala Plena, con todos los jueces del Supremo, deberá definir si hay o no faltas graves tras aceptar una denuncia del diputado oficialista Pedro Carreño.
Concluida este martes la audiencia del antejuicio de mérito, en la que el Defensor del Pueblo y el Controlador General de la República testificaron en contra de Ortega, el presidente del Supremo, Maikel Moreno, anunció que el tribunal se tomará cinco días para tomar una decisión.
"Un circo"
A la misma hora en la que estaba citada en el TSJ, la fiscal ofreció una declaración llena de detalles legales y de palabras desafiantes contra el alto tribunal y contra la situación que vive Venezuela, que a la crisis económica le suma más de tres meses de protestas antigubernamentales que han dejado ya 90 muertes.
"No voy a convalidar un circo que tiñe nuestra historia con vergüenza y dolor. La resolución está cantada. No lo reconozco", dijo Ortega sobre el Supremo, al que acusa de actuar al dictado del Ejecutivo.
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Ortega invocó hace unos días el artículo 350 de la Constitución, que da el derecho a no reconocer a los poderes públicos. Es un argumento esgrimido también por la oposición política.
"Quieren callarme para que no siga diciendo verdades, como que diga que se sigue manteniendo una grosera ruptura del orden constitucional. Pero no lo lograrán, vamos a triunfar", dijo ante el aplauso de empleados del Ministerio Público.
Ortega consideró un "quiebre del orden constitucional" las sentencias del TSJ de finales de marzo por las que se apropiaba de poderes del poder legislativo. Esas decisiones fueron el detonante de la actual ola de protestas.
Además, la fiscal criticó la convocatoria sin referendo previo de una Asamblea Nacional Constituyente y se ha erigido en firme defensora de la Constitución de 1999, promovida por Chávez. Su defensa del fallecido comandante la ha convertido en referente del chavismo crítico con el gobierno de Maduro.
También ha condenado la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. De acuerdo a la fiscalía 21 personas han muerto por la actuación de las fuerzas del orden. La Fiscalía imputó por violaciones de derechos humanos al exjefe de la Guardia Nacional, una de las encargadas del control de las manifestaciones, y al responsable del servicio de inteligencia (Sebin).
En las últimas semanas pidió la anulación del nombramiento en diciembre de 2015 de varios magistrados del TSJ.
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Y todo ello en un clima de polarización política y social. Las protestas están alimentadas también por la severa crisis económica de un país que sufre una altísima inflación de tres dígitos y escasez de alimentos y medicinas. Todo ello ha hecho que se desplome el apoyo al gobierno y la aprobación del presidente Maduro.
Desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015, ganadas ampliamente por la oposición, no se han celebrados nuevos comicios. Se pospusieron las elecciones regionales y el Consejo Nacional Electoral suspendió un referendo revocatorio que promovía la oposición.
Análisis del corresponsal de BBC Mundo, Daniel García Marco: ¿viene un Estado paralelo en Venezuela?
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se tomará cinco días para decidir si la fiscal Luisa Ortega cometió o no faltas graves.
Si la respuesta es afirmativa, podría ser destituida, pero acogiéndose al artículo 350 de la Constitución, que legitima la desobediencia civil ante "cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos", sectores de la oposición ya advierten que desconocerán un nuevo fiscal.
Por ello podría haber dos fiscales generales, sobre todo si Ortega no admite como legítima una eventual destitución. Ya desde este martes hay dos vicefiscales.
"Desconozco a ese vicefiscal", dijo Ortega, sin saber quizás que era una mujer, Katherine Harrington. La fiscal apoyó en ese puesto a Rafael González, a quien ella nombró y que no fue reconocido por el Tribunal Supremo.
El día 30 de julio se votará a los más de 540 miembros de la Asamblea Constituyente. La oposición fomenta la no participación en un proceso de considera un fraude y para el 16 de julio convocó una consulta popular en la que, entre otras cosas, va a preguntar si los ciudadanos desean unas "elecciones libres y transparentes".
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"¿Cuál es el legítimo?", se preguntó Ortega sobre la vicefiscalía. Una cuestión que muchos se pueden hacer si la destituyen y nombran a otra persona. Y que ya se hace la oposición sobre la Asamblea Nacional Constituyente, que se constituirá en agosto tras la votación del 30 de julio y que sesionará en el mismo Palacio Legislativo que la Asamblea Nacional votada en diciembre de 2015 y de mayoría opositora.
Es decir, Venezuela podría dirigirse hacia una duplicidad de instituciones que no se reconocen mutuamente y que reflejaría la formación de dos Estados paralelos, señal de la polarización que vive el país.
"Traidora"
El oficialismo acusa a Ortega de "traidora" e "indigna" y de estar avalando la impunidad de acciones violentas de la oposición, a la que el gobierno reprocha estar promoviendo un golpe de Estado y una intervención extranjera.
Pero Ortega no se amilana por las acusaciones y este martes fue más allá.
"La democracia puede ser arrasada por factores políticos atrincherados en el poder", dijo Ortega, que acusó al TSJ de beneficiar "de manera exclusiva y excluyente a quienes detentan el poder ejecutivo".
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"Queda abierto el camino para aniquilar por vías violentas el descontento (...) Podrán matar y encarcelar a quienes emitan críticas contra el gobierno", denunció.
"No he cometido delitos ni faltas. No me voy a someter a un Tribunal Supremo inconstitucional e ilegítimo", aseguró.
Y cerró con más desafío: "Yo seguiré luchando y vamos a triunfar. Dios bendiga a Venezuela".
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