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Convencida de que es mayoría, la oposición de Venezuela quiere demostrarlo en una consulta popular dos semanas antes de la elección de la discutida Asamblea Constituyente.
En un acto este lunes junto parte de la sociedad civil, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentó un documento "de acuerdo y unidad nacional" en el que se solicita a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015, que promueva una consulta el 16 de julio para decidir "el futuro del país".
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Es una nueva iniciativa después de tres meses de protestas contra el gobierno.
De acuerdo al documento llamado "Que sea el pueblo quien decida", la oposición quiere que la gente se pronuncie sobre el rechazo a la Constituyente, sobre el papel que demanda a los funcionarios y a la fuerza armada para "lograr la restitución del orden constitucional" y sobre si quiere renovar los poderes, un gobierno de unión nacional y la realización de elecciones "libres y transparentes".
Según el artículo 71 de la Constitución, el poder legislativo tiene el derecho a convocar la consulta, pero difícilmente será validada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que suele coincidir con el Ejecutivo y ha dado el visto bueno a las elecciones a la Constituyente el 30 de julio.
De hecho, la oposición ni siquiera buscará el aval del CNE. "Estamos en 350", dijo a BBC Mundo el líder opositor Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea, al ser preguntado si pretenden lograr el visto bueno del poder electoral.
Guevara hace referencia al artículo 350 de la Constitución, que permite desconocer a las autoridades.
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Para el analista Luis Vicente León, la consulta es "un juego político simbólico"que pretende agregar a las protestas actuales "elementos creativos y distintos que motiven a la población".
León, economista y director de la encuestadora Datanálisis, cree que la oposición desea un duelo de movilización.
"Busca marcar una diferencia entre la gigante abstención en el evento del gobierno (la votación de la Asamblea Constituyente) y una movilización gigante que le abra a la gente mecanismos para participar distintos a la protesta de calle", afirma a BBC Mundo el analista.
¿Solución?
El gobierno promueve la Constituyente como solución al conflicto político y social que vive Venezuela, agudizado por una ola de protestas que dura ya tres meses.
Dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le restaban poderes a la Asamblea Nacional dieron inicio a unas manifestaciones fomentadas por la oposición y que ha dejado ya casi 90 muertos y que no tiene final a la vista.
Todo ello en el contexto de una severa crisis económica con escasez de alimentos y medicinas en los últimos años, lo que ha socavado el apoyo al gobierno y la aprobación del presidente, Nicolás Maduro.
La oposición y sectores del chavismo critican que se promueva la Constituyente sin un referendo previo para su convocatoria, y las condiciones para una compleja votación sectorial y territorial con la que acusan al gobierno de querer controlar el resultado.
Por ello, rechazan la elección del 30 de julio por considerarla un "fraude" con el que Maduro busca perpetuarse en el poder.
El presidente asegura que la Constituyente pretende no sólo redactar una nueva Constitución, sino también reformar la estructura del Estado.
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Hay sondeos que indican que el 90% de la población está en contra de la Constituyente, de ahí que, como dice León, se espere una participación baja el día 30.
El gobierno acusa a sus rivales políticos de promover un golpe de Estado y una intervención extranjera, mientras que la oposición asegura que el gobierno de Maduro ha devenido en una "dictadura" que ha dado un autogolpe, pide elecciones y denuncia una dura represión en las manifestaciones.
De acuerdo a la fiscalía, 21 de los 85 fallecidos murieron "por la intervención de la fuerza pública". El Ministerio Público, muy crítico con el poder Ejecutivo y Judicial, coincide con la oposición en su denuncia por violaciones de derechos humanos.
Sin elecciones desde 2015
Desde el amplio triunfo de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 no hubo más procesos electorales en Venezuela.
Las de gobernadores, que deberían haberse celebrado a final de 2016, fueron pospuestas hasta diciembre de este año y el CNE, apoyado en unas controvertidas decisiones judiciales, anuló el proceso de referendo revocatorio del mandato de Maduro que está contenido en la Constitución y que promovía la oposición.
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Además, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera en desacato a la Asamblea, por lo que ha anulado todas sus iniciativas.
"Nicolás Maduro, en complicidad con una mayoría del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, decidió cerrarnos todas las vías democráticas", dijo este lunes Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de leer el documento.
"Si deciden ignorar este llamado, sepan que se arriesgan a que la fuerza poderosa del pueblo venezolano decida reclamar sus derechos como lo ha hecho cada vez que un tirano ha pretendido oponerse a sus deseos legítimos de libertad", pidió Borges reflexión al gobierno para que retire la Asamblea Constituyente.
"Proceso democrático de rebeldía democrática"
Borges, que defendió la vigencia de la actual Constitución de 1999, calificó el movimiento de oposición como un "proceso democrático de rebeldía".
En el acto liderado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición de los partidos de oposición mayoritarios, no estuvo el llamado chavismo crítico, que disiente de un gobierno que cree que ha traicionado el legado del fallecido comandante Hugo Chávez.
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Pero este lunes, la fiscal general, Luisa Ortega, convertida en una voz crítica del gobierno dentro del Estado, llamó a la unidad en un breve discurso en la Asamblea Nacional que ella, a diferencia del TSJ, sí considera legítima.
Borges no dio los detalles técnicos de cómo será esa consulta el día 16, pero la dirigente opositora María Corina Machado avanzó que el proceso se realizará en 1.600 puntos de votación en Venezuela y en 108 en el exterior.
"Una vez que el pueblo venezolano haya decidido, nosotros haremos respetar su soberana sentencia", afirmó Borges, dispuesto a que los resultados sean vinculantes para la oposición.
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