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Los datos oficiales confirman una creciente percepción en México: a pesar de operaciones militares y policiales, hasta ahora no es posible contener la violencia en el país.
El ejemplo más reciente ocurrió en junio, cuando según el Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se cometieron 2,234 homicidios dolosos.
Es la cifra más alta en la historia reciente, mayor incluso a la de los meses de 2011, el año más complicado de la guerra contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón.
No es todo. Los datos del SNSP muestran un aumento en el número de secuestros, extorsiones y especialmente en robo de autos.
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En este rubro también se registran cantidades no vistas desde 1997, cuando empezó la medición estadística de la delincuencia.
De acuerdo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el repunte en la inseguridad se debe a que aumentó el número de delitos comunes.
"A diferencia de 2011 estamos enfrentando un fenómeno de violencia, sí, con un componente federal, con el crimen organizado pero agudizado en gran proporción por delitos del fuero común, que suceden en el orden local".
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Pero más allá de los números, en México muchos se preguntan por qué no ha sido posible frenar la violencia, algo que fue una de las principales ofertas en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto.
Y la respuesta, coinciden especialistas consultados por BBC Mundo, es que no funcionaron las acciones que se tomaron desde el inicio del actual gobierno, en 2012.
Mal diagnóstico
¿Qué ha fallado? "Son varias cosas pero una es fundamental: hubo un diagnóstico equivocado sobre la naturaleza y causas de la violencia", explica a BBC Mundo el analista en seguridad Alejandro Hope.
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"Se supuso de manera muy explícita que el problema de la violencia era de orden político, de gestión".
Es decir, que la colaboración de autoridades locales en el gobierno anterior –cuando empezó la guerra contra el narcotráfico- no era suficiente.
Así, el gabinete de Peña Nieto empezó por reparar esa ausencia, añade el especialista.
Se decidió "que era necesario subir a los gobernadores a los alcaldes a la mesa, y nada más con esa mejor coordinación y las capacidades existentes iba a ser posible dar mejore resultados".
En principio la estrategia parecía correcta, "pero obviaba el problema central, la capacidad de las instituciones" como policías y fuerzas armadas.
Estrategia fallida
De hecho el combate a las organizaciones criminales se realiza prácticamente con el mismo número de soldados, marinos y policías federales.
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Pero al mismo tiempo no se ha logrado concretar otra parte de la estrategia: mejorar a las corporaciones estatales y de los municipios.
No se realizó por completo. Ahora es una de las explicaciones de las estadísticas criminales de junio pasado.
"Se supuso que el problema era de naturaleza política y que todo iba muy bien. Efectivamente en 2014 iba bajando la violencia".
"Pero cuando brinca la crisis no tienen con qué responder, la Policía Federal y las fuerzas armadas tienen el mismo tamaño que 2012, pero los presupuestos han disminuido".
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Así, con ese tamaño de fuerza "no es posible que el Estado tenga una presencia de tamaño suficiente para reducir notablemente la violencia", insiste Hope.
"No hay con que responder a la crisis, entonces si tienen que atender Guerrero descobijan Tamaulipas, y si lo atienden no van a Veracruz".
Nuevas actividades
La Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) afirman que el repunte de los homicidios, en algunos estados, se debe a un conflicto entre carteles de narcotráfico.
Es el caso de Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, por ejemplo. Pero es una parte de la historia, le dice a BBC Mundo Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Colegio de Jalisco.
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En los últimos años las organizaciones criminales ampliaron sus actividades, y en algunos casos el tráfico de drogas dejó de ser su principal fuente de ingresos.
Un ejemplo es el robo de combustible, que a las organizaciones les genera unos US$1.100 millones como ganancia al año, según datos de Petróleos Mexicanos.
Algunos grupos también se dedican al secuestro y extorsión, además de aumentar su participación en el robo de autos.
Sin embargo, afirma el especialista, las autoridades enfrentan el nuevo escenario con problemas en su sistema de inteligencia policial.
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En algunos casos no se mantuvo el proceso que existía desde años anteriores.
"Parece que no hay continuidad de las políticas, se vuelven a hacer diagnósticos cuando lo necesario era ver las nuevas prácticas y donde ya funcionaban".
Cansancio militar
No es todo. A esta mezcla se suma que los militares combaten desde 1997 el tráfico de drogas y también realizan tareas policíacas.
Recientemente el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, reconoció el cansancio de las tropas.
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"Claro que hay un desgaste. Eso es obvio. Estamos trabajando en todo el país a toda hora, en todo momento, en la sierra, en las ciudades. Claro que hay desgaste", dijo durante un seminario en la Universidad Anáhuac.
Un desgaste que no se limita a las operaciones en el terreno, sino también al respaldo legal incompleto como realizan su trabajo de policía.
Desde 2015 el Ejército ha solicitado que se regule en las leyes las acciones de seguridad pública en que participan los soldados.
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Existe de hecho una propuesta de Ley Nacional de Seguridad, que no ha sido analizada en el Congreso.
Al final el resultado se refleja en los números, como los que muestra la reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi):
De acuerdo con el sondeo, más de la mitad de los mexicanos creen que su municipio es inseguro.
Y en algunos casos, como el Estado de México, la sensación de vulnerabilidad supera el 90%.
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