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Todo comenzó con 25 cajas vacías de batería recién llegadas al aeropuerto de Miami.
Los agentes de aduana las vieron tan sospechosas que empezaron a investigar lo que resultó ser una red que traficó ilegalmente armas desde Estados Unidos hacia Venezuela al menos desde 2013.
A la justicia estadounidense le costó casi un año de investigaciones y operativos descubrir a un grupo de venezolanos que transportó fusiles de guerra, pistolas, cargadores y decenas de miles de municiones a través de vuelos comerciales y barcos desde el sur de Florida.
En febrero, tres personas se declararon culpables y esperan sus sentencias, y otros cinco fueron acusados y son reclamados por la justicia de EE.UU.
Louis Casuso, abogado de uno de los tres venezolanos detenidos, le aseguró a BBC Mundo que es en ese segundo grupo de cinco que se encuentran los "verdaderos líderes y organizadores" de la red de tráfico de armas.
"Ellos son los peces gordos. Ellos están mucho más involucrados y son más importantes porque están relacionados con envíos anteriores mucho mayores", afirmó el letrado.
Miami es considerado por expertos como uno de los mayores puntos de tráfico ilegal de armas para Centro y Sudamérica por su intenso flujo aéreo y marítimo, además de las permisivas normas de acceso a armamento en el estado de Florida.
El mes anterior, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales informó del decomiso de 75 armas de grueso calibre que salieron desde Miami e ingresaron a Bolivia.
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El 16 de abril del año pasado, agentes de aduana en la zona de carga del Aeropuerto Internacional de Miami decidieron abrir el cargamento "sospechoso".
Se trataba de "25 cajas de baterías para autos con residuos de pegamento, partes modificadas y papel carbón", según la declaración jurada del agente de la división de Seguridad Nacional de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Elvis Corrales, quien estuvo presente aquel día.
Ese envío llegó desde Maracaibo con destino al domicilio de una colombiana en el barrio miamense de Kendall.
La peculiaridad del contenido del cargamento provocó que la división de Seguridad Nacional del ICE optara por hacerle seguimiento.
Para no perder detalle de lo que podía suceder con las cajas de batería de auto que ingresaron a Miami en abril, según el agente Corrales, la división de Seguridad Nacional del ICE apeló al uso de cámaras de vigilancia.
Así fue como detectaron que dos individuos, José Gutiérrez Morales y Alfredo Montilla Hernández, transportaron las armas que debían ser enviadas a Venezuela hasta el domicilio de Kendall.
En varios viajes, los dos venezolanos llevaron cinco rifles de asalto AR-15, ocho pistolas, 23.500 balas y 19 cargadores de alta capacidad para armas largas.
Medio año de vigilancia
Seis meses después del ingreso de las cajas de batería a Miami y el inicio de las labores de vigilancia, la justicia estadounidense dio su primer golpe.
Fue el 21 de octubre de 2016, día en el que Gutiérrez y Montilla fueron arrestados.
En su declaración ante un juzgado de Miami, el agente Corrales señala que el arresto se produjo después de que los dos individuos intentaron enviar el armamento "escondido dentro de las mismas cajas de batería que llegaron en abril de 2016".
Los dos venezolanos habían entregado el cargamento en una compañía de transporte marítimo llamada Conavenca.
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"Agentes (de la División de Seguridad Nacional) con la ayuda de la policía del condado de Miami Dade y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos alcanzaron a Gutiérrez y a Montilla en un vehículo Hyundai gris y los pusieron bajo arresto. Se encontraron dos pistolas, 4 rifles de asalto AR-15 y 1.721 balas en el Hyundai", señaló Corrales.
El reporte del agente especial añade que ambos reconocieron que intentaron hacer llegar las cajas de batería cargadas con armas rumbo a Venezuela a través de una compañía de cargo marítimo.
¿Quién es quién?
- José Gutiérrez Morales: el 21 de octubre transportó las cajas de batería cargadas con armas y munición del domicilio en Kendall a una empresa de cargo marítimo. El 24 de junio, junto a otros investigados aún no detenidos y cuyos nombres no fueron revelados, logró enviar por mar dos rifles y aproximadamente 15.000 balas dentro de generadores eléctricos a Venezuela. Fue arrestado después del episodio de octubre y se declaró culpable en febrero.
- Alfredo Montilla Hernández: colaboró con Gutiérrez en el traslado del armamento a una compañía que realiza envíos en barco. Fue arrestado después de hacer la entrega, el 21 de octubre. Reconoció culpabilidad en febrero y su sentencia será dictada en abril.
- Abrahán Aguilar Sánchez: en mayo de 2016, mientras ingresaba a Estados Unidos, fue separado del resto de los viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami. Se detectó en su celular el número de teléfono de Ener Soto, la persona que envió las cajas de batería en abril y acusado por otros envíos de armas de Estados Unidos a Venezuela. En junio de 2016 fue a recibir a José Gutiérrez en la terminal aérea de Miami. Gutiérrez señaló como lugar de residencia en Estados Unidos a la dirección de domicilio de Aguilar en Miami. Aguilar fue arrestado el 1 de diciembre intentando viajar de Miami a Maracaibo. Se declaró culpable en febrero de 2017.
El tercer arrestado
El 1 de diciembre de 2016, Abrahán Aguilar Sánchez fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami.
El ciudadano venezolano intentaba salir de Estados Unidos y viajar a su país cuando agentes del ICE impidieron que subiera al avión, de acuerdo al expediente de su caso instalado en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.
Después de una revisión de su teléfono celular, los agentes de seguridad establecieron que tenía contactos con los dos arrestados anteriores y con al menos uno de los cinco "peces gordos" que supuestamente coordinan la red.
Dos meses después, en febrero de este año, los tres venezolanos se declararon culpables ante una Corte Federal en Miami por intento de traficar de armas.
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El abogado de Aguilar, Louis Casuso, señaló a BBC Mundo que su defendido espera la lectura de su sentencia para el 24 de abril.
"Él se declaró culpable al igual que otros dos venezolanos investigados por el mismo caso", señaló el letrado.
La acusación en contra de Aguilar, a la que accedió BBC Mundo, lo señala como parte de un grupo de venezolanos que intentó enviar armamento dentro de cajas vacías de batería.
"Aguilar declaró que sabía acerca de las cajas vacías de batería y el intento de exportar armas y municiones", señala el reporte del caso elaborado por el agente especial de Seguridad Nacional del ICE Elvis Corrales.
Los jueces que siguen sus casos señalaron en audiencias separadas que las penas de cada uno pueden variar entre cuatro a diez años y podrán ser deportados después de cumplir sus condenas.
Los cinco "peces gordos"
Las investigaciones establecieron que el caso de las cajas de batería está vinculado con envíos anteriores de armas que datan de 2013.
Por estos delitos, la justicia estadounidense acusó en febrero de este año a cinco personas más.
Se trata de Ender Enrique Soto Hernández, Ender Alberto Soto Hernández, Luis Antonio Urdaneta Pozo, Wilmer Hinestroza Pereira y Alcibiades de Jesús Palmar Narváez.
El abogado Louis Casuso señaló que Urdaneta fue arrestado en Orlando en las anteriores semanas y se sabe que los hermanos Soto Hernández permanecerían en Venezuela.
"Eso complica el caso puesto que no hay tratado de extradición vigente entre EE.UU. y Venezuela", señaló Casuso.
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Los cinco nuevos acusados están señalados de realizar acciones ilegales de tráfico de armas desde aproximadamente febrero de 2013 hasta octubre de 2016.
Los venezolanos lograron transportar, según la justicia estadounidense, decenas de miles de balas y armas de fuego de diverso calibre.
Los envíos se realizaron a través de vuelos comerciales, escondiendo el armamento en los equipajes, dentro de generadores eléctricos alterados y cajas vacías de batería.
El portal de investigación sobre crimen organizado Insight Crime, citando un reporte de la organización independiente Gun Policy, indica que en Venezuela existen 2,7 millones de armas ilegales aproximadamente.
Venezuela es el segundo país de Sudamérica con mayor cantidad de armamento ilegal después de Brasil.
Miami, puerto de salida
Florida es considerado uno de los estados con mayor permisividad en lo referido al acceso a armas de fuego.
La abogada del Centro Legal para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego (LCPGV, por sus siglas en inglés), con sede en San Francisco, Laura Cutilletta, le explicó a BBC Mundo que esto se debe fundamentalmente a que Florida no tiene reglamentada la revisión de los antecedentes de los compradores de armas.
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"En Florida prácticamente no se sabe quién está comprando armas y es un escenario ideal para llevar armas del mercado legal al mercado ilegal", explicó la experta de la organización independiente.
Cutilletta añadió, además, que la ausencia de revisiones de antecedentes permite que contrabandistas estadounidenses y extranjeros hagan negocios con armamento sofisticado.
Otros de los factores identificados por el Centro Legal para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego que vuelven a Florida una plaza para el tráfico ilegal de armas es que los compradores pueden acceder a grandes cantidades de armamento en corto plazo.
Cutilletta añadió que todo lo contrario sucede en California, por ejemplo, que tiene frontera terrestre con México, pero donde la revisión de antecedentes está normada para cualquier transacción relacionada con armas.
Desde el sur de Florida parten barcos cargados con decenas de contenedores todos los días rumbo a la mayoría de los puertos de Sudamérica.
Y la justicia acaba de demostrar que en algunos de ellos viajaron armas a Venezuela, camufladas entre generadores eléctricos y cajas vacías de batería.
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