AFP
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, declaró este lunes que el presidente Nicolás Maduro incurrió en "abandono del cargo", lo que intensifica la confrontación política que vive el país.
La mayoría opositora consideró que Maduro no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales en medio de la grave crisis económica que sufre Venezuela.
La decisión, prevista para noviembre del año pasado y aplazada por el inicio del proceso de diálogo entre las dos partes, se concretó este miércoles y estuvo acompañada de una petición para la convocatoria de elecciones.
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Ya a final de 2016, la Asamblea, controlada por la oposición desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015, consideró a Maduro responsable de la "devastación" de una economía que sufre una fuerte inflación y escasez de alimentos y productos básicos.
La Asamblea se aferró al artículo 233 de la Constitución, que contempla el abandono del cargo como uno de los casos de "falta absoluta", entre los que también están su muerte, su renuncia o la destitución por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
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La decisión podría llevar a una destitución de Maduro y a la convocatoria de elecciones en un plazo de 30 días, según establece la Constitución.
Sin embargo, eso es improbable. Y así lo sabe la propia oposición.
"No somos oligofrénicos. Sabemos muy bien que no va a haber elecciones. Aunque sepamos lo que va a pasar, no nos podemos abstener de cumplir nuestros deberes constitucionales", dijo al final de la sesión el diputado Henry Ramos Allup, uno de los líderes de la oposición.
Poderes enfrentados
Pero, ¿por qué una decisión tomada por el poder legislativo y contemplada en la Constitución no tendrá efectos?
Eso se explica por la división y la pelea política, que se refleja en los poderes del Estado.
Las actividades de la Asamblea han sido continuamente anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
JUAN BARRETO
El máximo tribunal declaró inconstitucional la mayor parte de proyectos de ley que aprobó la Asamblea desde su formación hace un año, y desde agosto considera al parlamento en desacato por sesionar con tres diputados del estado Amazonas cuya elección en las legislativas está en entredicho.
Este miércoles, la Asamblea aprobó la desincorporación de esos diputados. Así podría desaparecer la causa del desacato, pero no parece que el TSJ, al que la oposición acusa de actuar al dictado del Ejecutivo, vaya a darle una tregua.
Respuesta del TSJ
Minutos antes de la sesión parlamentaria de este lunes, el TSJ publicó un comunicado titulado: "Asamblea Nacional no tiene facultad para destituir al presidente de la República".
Es de prever, por lo tanto, que el TSJ pronto declare nula la sesión de este lunes o a la nueva directiva parlamentaria, instalada la pasada semana. En ese caso, nada de lo acordado tendrá consecuencias.
Héctor Rodríguez, portavoz y líder de la bancada oficialista, minoritaria en la Asamblea, consideró la declaratoria del abandono del cargo como "un intento fallido de golpe de Estado".
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"Es una interpretación ridícula. Una barbaridad desde el punto de vista jurídico y político", afirmó Rodríguez al final de la sesión.
La interpretación del artículo 233 por parte de la Asamblea también ha sido discutida por los expertos constitucionalistas en las últimas semanas.
"Yo creo que el abandono del cargo no procede", dijo a BBC Mundo el profesor de Derecho Constitucional Pedro Afonso del Pino.
"El abandono del cargo es cuando el presidente ha dejado de ejercer la función. Que un presidente ejerza mal el poder o lo ejerza inconstitucionalmente no es abandono del cargo. (Maduro) No ha dejado de ejercer su cargo", aseguró Del Pino.
"Hasta que haya elecciones"
Pese a todo, Ramos Allup señaló que"no es un ejercicio de retórica inútil" y el también diputado opositor Freddy Guevara destacó que ahora se trata de "hacerlo cumplir". Para ello planteó una movilización constante en la calle "hasta que haya elecciones".
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El proceso del referendo revocatorio fue suspendido por los tribunales en octubre del año pasado. Los comicios regionales, que deberían haberse celebrado a final de 2016, fueron pospuestos hasta el final del primer semestre de 2017, y las presidenciales están previstas dentro de dos años.
La oposición considera que el derecho al voto en Venezuela ha sido secuestrado.
En este clima de enorme división está prevista para el día 13 una reunión de la mesa de diálogo entre las partes con el Vaticano como principal acompañante.
El incumplimiento de acuerdos y las acusaciones mutuas podrían provocar pronto el fin de un diálogo que de momento ha sido improductivo.
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