El presidente electo de Haití, Jovenel Moïse, permaneció este miércoles en una sala de interrogación durante cuatro horas respondiendo a las preguntas de un juez sobre supuestos alegatos de fraude en su contra.
Moïse, quien debería juramentarse el mes que viene, dijo que asistió al tribunal voluntariamente y sin abogados.
El empresario bananero niega las acusaciones que lo señalan por lavado de dinero y por haber recibido préstamos a su favor antes de entrar en la política.
Moïse dijo que los alegatos representan una movida política de sus oponentes.
Todavía no está claro si el juez determinará si hay un caso antes de que Moïse tome posesión de la presidencia, el próximo 7 de febrero.
La investigación se había iniciado en 2013 como un procedimiento bancario de rutina.
El juez encargado no tomó ninguna acción hasta que cuatro senadores de la oposición demandaron información sobre los hallazgos.
Moïse dijo: "Ciertas personas no deberían tener permitido explotar la ley, ni decidir que la única manera de entrar en política es acusando a otros de mentir".
División política
El caso refleja las divisiones políticas que existen en Haití.
Los tres principales rivales de Moïse en la elección impugnaron los resultados ante los tribunales y se rehusaron a conceder la victoria.
Los comicios se realizaron el pasado 20 de noviembre, más de un año después de que las elecciones previas se anularan tras denuncias de fraude generalizado.
El mismo Moïse consiguió la victoria en octubre de 2015, pero su rival opositor, Jude Célestin, reclamó los resultados y, después de protestas violentas, se anuló.
La inestabilidad política lleva mucho tiempo afectando a la economía de un país que ya antes de las elecciones de 2015 era el más pobre de América.
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Más del 60% de las personas que viven en Haití sobreviven con menos de dos dólares al día, de acuerdo a los reportes de Naciones Unidas.
Haití tiene una deuda de más de US$2.000 millones y se estima que el crecimiento de su economía apenas alcance el 1% en 2017 debido a la falta de inversión pública y privada.
Casi siete años después de que un devastador terremoto mató a más de 200.000 personas en enero de 2010, unos 55.000 haitianos siguen en campamentos improvisados con condiciones de vida extremadamente pobres, según la Organización Internacional para las Migraciones.
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