AFP
El presidente de EE.UU., Donald Trump, se mantiene firme en la aplicación de la orden que impide la entrada de refugiados a EE.UU. por 120 días, el ingreso de ciudadanos de siete países por 90 días y la prohibición indefinida para refugiados sirios.
Pese a las protestas que se desataron en todo el país y a las órdenes judiciales que suspenden parcialmente las disposiciones, Trump publicó un comunicado en Facebook en el que defiende su decisión.
"Esto no se trata de religión. Se trata del terror y de mantener a nuestro país seguro. Hay más de 40 países con mayoría musulmana que no se han visto afectados por esta orden", escribió.
Los siete países restringidos por la disposición de Trump son Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
"Volveremos a emitir visados a todos los países una vez que estemos seguros de que hemos revisado e implementado políticas más seguras durante los próximos 90 días", agregó.
El republicano defendió su política diciendo que era similar a lo que su predecesor, Barack Obama, hizo en 2011 "cuando prohibió los visados para los refugiados de Irak durante seis meses".
"Los siete países mencionados en la orden ejecutiva son los mismos países previamente identificados por la administración Obama como fuentes de terror", detalló.
Sin embargo, según el periódico The Washington Post lo que hizo el gobierno de Obama imponer controles de antecedentes nuevos y más extensos para los refugiados iraquíes, que retrasaron las emisiones de visas.
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El mandatario dijo también que EE.UU. "es una nación orgullosa de inmigrantes"
"Para ser claro, esto no es una prohibición de musulmanes, como los medios de comunicación están falsamente informando", señaló.
Trump aseguró que tiene "sentimientos por las personas involucradas en esta horrible crisis humanitaria en Siria".
"Seguiremos mostrando compasión ante aquellos que huyen de la opresión, pero lo haremos mientras protejamos a nuestros propios ciudadanos y fronteras", sostuvo.
Afectados
La historia juzgará el impacto a largo plazo de la orden de inmigración de Trump, pero los elogios que hizo a su implementación no serán fácilmente olvidados, dice Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en América del Norte.
"Dijo que está funcionando muy bien en una breve respuesta a una pregunta el sábado por la tarde. Pero en los principales aeropuertos de EE.UU., las cosas no iban muy bien", comentó el analista.
Como consecuencia de la orden ejecutiva que Trump firmó el viernes, decenas de personas que ya estaban volando a EE.UU. fueron detenidas a su llegada, incluso si tenían visas válidas u otros permisos de inmigración.
No se sabe cuántos otros fueron impedidos de abordar vuelos a EE.UU. en aeropuertos de otros países.
El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, dijo que los titulares de green cards o residentes permanentes de EE.UU. que tuvieran doble nacionalidad no se verían afectados, pero algunos han sido detenidos desde que la orden entró en vigencia.
Priebus rechazó las críticas de que la aplicación de la orden había sido caótica y dijo que sólo 109 personas, de 325.000 que viajaban, habían sido detenidas.
Protestas
El sábado, miles de personas se reunieron en los aeropuertos de todo el país para protestar contra la orden de Trump, incluyendo abogados que ofrecieron sus servicios de forma gratuita a los afectados.
Otras manifestaciones se llevaron a cabo el domingo, fuera de la Casa Blanca y de la Torre Trump en Nueva York.
La medida ha sido ampliamente cuestionada.
Varios jueces federales han suspendido temporalmente la deportación de los titulares de visados.
En una declaración conjunta, 16 fiscales de estados como California, Nueva York y Pensilvania, dijeron que "utilizarían todas las herramientas posibles para luchar contra este orden inconstitucional" y que "trabajarían para que el menor número posible de personas sufra la caótica situación que ha creado ".
La tarde del sábado, la jueza federal Ann Donnelly, en Nueva York, falló en contra de la expulsión de EE.UU. de personas con solicitudes de refugio aprobadas, visas válidas y "otras personas legalmente autorizadas para ingresar a EE.UU.".
Como resultado de esta orden, dos ciudadanos iraquíes que habían trabajado con el ejército de EE.UU. fueron liberados en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York.
En Boston, otro juez decidió que dos ciudadanos iraníes, ambos profesores universitarios, sean puestos en libertad en el aeropuerto internacional de Logan.
Una orden dictada en Virginia prohibió durante siete días la deportación de titulares de green cards en el aeropuerto de Dulles y ordenó a las autoridades que permitieran el acceso a sus abogados.
Un juez de Seattle emitió una suspensión de emergencia de la expulsión de EE.UU. para dos personas.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) ha dicho que continuará haciendo cumplir las medidas.
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